La Asociación de Guardavidas de la ciudad,
Informo que las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal de San Carlos de Bariloche nos
comunico formalmente que los y las 40 trabajadoras Guardavidas, quienes conformamos la totalidad
del cuerpo estable de Guardavias Municipales, hemos sido DESPEDIDOS. La injustificada medida adoptada
fue irrazonablemente argumentada bajo el pretexto que el Municipio carece de habilitación para organizar
el servicio, y de fondos para implementar el operativo que cada año se lleva a cabo en época estival.
Denuncia:
El atropello a la dignidad y a la fuente de trabajo de 40 empleados municipales, se da en el marco
de una profunda crisis económica y social que vive la República Argentina, profundizada además por la
pandemia que atraviesa el mundo, nuestro país y particularmente nuestra ciudad. En este marco las
Autoridades Municipales encabezadas por el Sr. Intendente Gustavo Enrique Gennuso, no advirtiendo dicha
situación, cercenan de manera infundada derechos laborales básicos adquiridos por los y las trabajadoras,
dejando sin su fuente de sostén económico a 40 familias.
La actividad de rescate de personas en situación de emergencia, fue declarada ACTIVIDAD
ESENCIAL a través del “Protocolo de Trabajo seguro para la actividad de Guardavidas en el marco de la
pandemia” emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. El Ejecutivo Municipal ignora dolosamente
dicha declaración, privando de este servicio esencial a los barilochenses y turistas, y en consecuencia
poniendo en serio riesgo la salud y vida, a quienes elijan concurrir a las Playas Públicas de la ciudad.
La obligación de brindar servicio de seguridad en las playas públicas habilitadas, es una atribución y
responsabilidad INDELEGABLE del Estado. Según hemos podido saber en corrillos de dependencias
municipales, existe la posibilidad que la organización del operativo de seguridad en playas se traslade a
cargo de una ONG cuyo origen y financiamiento desconocemos, por lo que en ese caso se estaría
tercerizando y/o concesionando el servicio, dejando de lado –con las consecuencias técnicas, económicas, y
legales que ello significa- al personal municipal idóneo en la materia, que realiza desde hace más de dos
décadas su tarea con excelentes parámetros de profesionalismo.
Por último, con esta decisión, el Ejecutivo Municipal pone en riesgo el erario público, ya que tendrá
que afrontar los gastos que demanden las presentaciones judiciales de los y las trabajadoras despedidos sin
justa causa, situación agravada por hacerse mientras rige doble indemnización.
Manifiesta:
Ponemos en conocimiento de las autoridades municipales que cómo trabajadores municipales,
nos asiste el derecho, y remarcamos que pese al contrato precario que firmamos al principio de cada
temporada estival, nuestro vínculo con el municipio es DE HECHO y tipificado en la Ley de Contrato de
Trabajo cómo trabajo de “temporada” (contrato a plazo indeterminado con prestación discontinua), del
cual emerge nuestro derecho a la continuidad laboral y estabilidad en el ca
