Según esta ley, se entiende como bosque nativo a todos los ecosistemas forestales naturales en distinto estado de desarrollo, de origen primario o secundario, que presentan una cobertura arbórea de especies nativas mayor o igual al 20 % con árboles que alcanzan una altura mínima de 3 metros y una ocupación continua mayor a 0,5 ha, incluyendo palmares.

A partir de esta definición y la presentación por parte de las provincias de sus Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos, sabemos que nuestro país cuenta con 536.545 km² de bosques nativos, lo que representa el 19,2 % de nuestra superficie continental. Las provincias con mayor superficie de bosque nativo son Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa correspondientes al Parque Chaqueño

¿Qué es el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos?

La Ley establece la necesidad de realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos mediante un proceso participativo. El ordenamiento implica zonificar los bosques nativos en tres categorías de conservación:

Importancia de los bosques nativos

Los bosques nativos proveen servicios a la sociedad como son la regulación hídrica, la formación y conservación de suelos, la conservación de la biodiversidad, la fijación de carbono, la provisión de alimentos, agua, fuentes de energía, materiales de construcción o medicinas, la preservación y la defensa de la identidad cultural, entre otros.

La característica comunitaria de los ecosistemas forestales provoca conflictos cuando un individuo o empresa, avalada o no por las autorizaciones que la misma ley prevé, trata de apropiarse de un bien o servicio que brinda o produce el bosque. Desde el punto de vista económico, muchas veces, el uso de un bien que produce el bosque, especialmente cuando no se aprovecha bajo normas de sostenibilidad, va en detrimento de los servicios que el ecosistema forestal brinda. Por ejemplo, el ingreso que una hectárea de soja le puede rendir a un productor, puede privar a una parte de la sociedad de mantener un reservorio de carbono o de la capacidad del bosque de ser regulador de agua en situaciones de extrema sequias o inundaciones. La ley, por lo tanto, tiende en definitiva a compensar, reparar y equilibrar estos desequilibrios que se dan en el plano social, ambiental y económico.

A partir de la aplicación de la ley, todas las provincias resolvieron con diferentes grados de participación sus OTBN y la ejecución de los fondos.

En este contexto, la tasa de desforestación disminuyó desde 0,94 % en 2007 a 0,34 % en 2015, cumpliéndose así, en menor o mayor grado, los objetivos centrales de la ley, especialmente el de regular el avance de la frontera agropecuaria y el cambio de uso del suelo.

Situación actual: desmontes y propuestas de sostenibilidad

A partir del año 2016 este escenario comenzó a sufrir una serie de modificaciones sustanciales. La reducción o eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos (especialmente de soja) creó nuevas condiciones que incentivaron el desmonte para ampliar la frontera de esos cultivos en detrimento de la superficie de bosque nativo, especialmente en la región chaqueña. La deforestacion provocó, además, el desplazamiento de comunidades que desarrollaban su economía y cultura en base al bosque nativo, suponiendo así un proceso de concentración de la tierra y riqueza acompañado por una homogenización de la producción en base a los monocultivos y la pérdida de generación de servicios ambientales forestales. Desde 2016 a 2018 la tasa de deforestación volvió a aumentar.

En este contexto es necesario reactivar los mecanismos formales que propone la ley para reencauzar una política de restauración, compensación, manejo y conservación de los bosques nativos del país en base a la distribución de fondos y mecanismos participativos. Resulta necesario y urgente poner en marcha los mecanismos precautorios que la misma ley prevé en el objetivo planteado en su artículo “3.d” para frenar las causas de mayor daño ambiental de los bosques nativos.