El Ministerio Público Fiscal formuló cargos esta mañana contra un hombre por dos hechos ocurridos el pasado 15 de julio en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Lo acusó del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego y la portación ilegal de dicha arma.
Describió el Fiscal, en relación al primer hecho, que el hombre “ingresó a un comercio ubicado en calle Rivadavia al 600, “entre las 21:00 y 22:00 horas”. Allí solicitó un producto y mientras tanto “extrajo un arma de fuego tipo revólver con la que amenazó a una de las empleadas exigiendo la entrega del dinero”. La situación fue advertida por una segunda mujer que intervino y forcejeó con el acusado, quien efectuó un disparo que impactó en el mobiliario del local antes de huir.
El segundo hecho – indicó la Fiscalía- tuvo lugar esa misma noche, poco antes de las 23:50 en inmediaciones del puente Quimey Quipán. Allí, personal del COER que se encontraba patrullando la zona advirtió una pelea entre dos personas. Al intervenir, uno de los efectivos logró reducir al imputado y constató que portaba un arma de fuego tipo revólver calibre 38 con municiones, sin la debida autorización legal.
La calificación legal atribuida es la de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa (artículos 42 y 166 inciso 2° del Código Penal) en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional (artículo 189 bis, séptimo párrafo), todo ello en calidad de autor (artículo 45), conforme lo establece el artículo 55 del Código Penal.
La imputación se sustenta en múltiples elementos indiciarios, entre ellos actas de procedimiento policial, declaraciones testimoniales, material fílmico del local comercial, informes técnicos y criminalísticos, además de la orden de detención.
Durante la audiencia, la defensa pública no objetó la formulación de cargos, aunque destacó el contexto socioeconómico del imputado y adelantó que trabajará junto a la acusación en torno a la calificación legal.
En cuanto a la solicitud de medidas cautelares, la fiscalía enfatizó en la necesidad de preservar a los testigos a fin de garantizar la integridad de sus testimonios, hizo mención a antecedentes condenatorios cumplidos y al posible entorpecimiento de la investigación. La defensa se opuso a la prisión preventiva, argumentando que su asistido posee domicilio fijo, no ha reincidido desde el cumplimiento de su condena anterior y no existen indicadores objetivos que permitan preveer la existencia de los riesgos procesales argumentados por la acusación.
Finalmente el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Asimismo, hizo lugar al requerimiento fiscal e impuso la prisión preventiva por igual término, la cual deberá ser cumplida en el complejo penal correspondiente, rechazando el planteo de la defensa respecto de su modalidad domiciliaria.
