La Justicia suspendió este jueves el decreto presidencial que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida fue adoptada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín, que accedió a la solicitud de cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). El fallo, firmado por la jueza federal Martina Isabel Forns, frena temporalmente la aplicación del Decreto 461/2025 del presidente Javier Milei.
El tribunal ordenó que el Gobierno se abstenga de ejecutar cualquier acción administrativa derivada del decreto, lo que incluye reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal y la supresión de estructuras vinculadas a la DNV. Esta suspensión tendrá una vigencia de seis meses, lo que otorga un respiro a los empleados de Vialidad frente a los posibles cambios impulsados por la gestión de Milei.
En su resolución, la jueza Forns fundamentó que la medida era procedente al encontrarse “reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales”. La magistrada se basó en la protección de los derechos laborales de los empleados de la DNV, destacando la irrenunciabilidad de los derechos consagrados para los trabajadores. Asimismo, enfatizó que la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) impiden que el Estado altere unilateralmente las condiciones laborales establecidas por normas colectivas.
Además, la jueza cuestionó el artículo 32 del decreto, que establece una «fecha de vencimiento» para la estabilidad del personal de Vialidad, lo que considera una violación de las garantías laborales vigentes. Forns también expresó que el decreto vulnera principios fundamentales como la estabilidad laboral y los derechos sindicales, al someter el movimiento de trabajadores a la discrecionalidad del Ministerio de Desregulación.
En sus consideraciones, la jueza subrayó que los trabajadores de Vialidad forman parte de un sector “socialmente vulnerable” y que la implementación del decreto podría generar “perjuicios irreparables”, como despidos masivos o modificaciones unilaterales en las condiciones de trabajo, lo que afectaría directamente sus derechos alimentarios. Por ello, la jueza resolvió que la cautelar era necesaria para preservar el statu quo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Aunque el fallo no se pronunció sobre la nulidad o inconstitucionalidad del decreto, Forns señaló que este análisis requeriría un estudio más profundo y detallado, lo que dejaría abierta la posibilidad de futuras impugnaciones.
El sindicato Sevina celebró la decisión judicial y consideró que representa un “respaldo legal” a su lucha en defensa de la estabilidad laboral y la continuidad institucional de la DNV. A través de un comunicado, el gremio reafirmó su compromiso de seguir trabajando para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores.
La controversia sobre la disolución de Vialidad comenzó a principios de julio, cuando el Gobierno de Milei anunció su decisión de cerrar tres organismos clave: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad. Las funciones de estos entes se trasladarían al Ministerio de Economía. El decreto fue finalmente oficializado a través de su publicación en el Boletín Oficial, y desde entonces generó una fuerte resistencia sindical y política.
El futuro de Vialidad Nacional sigue siendo incierto, y esta resolución judicial añade un nuevo capítulo a una disputa que aún está lejos de resolverse. La decisión de la jueza Forns constituye un freno temporal a la implementación de la reforma, pero no aborda de manera definitiva la constitucionalidad del decreto, lo que deja abierta la puerta a nuevos fallos y posibles modificaciones.
