El Gobierno encabezado por el Dr. Albero Fernández, electo por el 48% de los votantes en primera vuelta, ha asumido la conducción un país en default, con niveles de pobreza cercanos al 40%, desempleo de casi dos dígitos, con inflación superior al 50% y con una Secretaría de Salud en donde antes había un Ministerio. Es en este contexto que la Argentina debió afrontar el desafío más grande desde el punto de vista sanitario que ha atravesado el mundo en los últimos 100 años.
Desde diversos sectores opositores, partidarios o no, se ha querido instalar constantemente desde el inicio de la pandemia, la falsa dicotomía entre Salud o Economía, aduciendo que el oficialismo nacional optó por la primera, en detrimento de la segunda. Incluso, algunos han osado elaborar las más disparatadas teorías acerca de una intencionalidad maliciosa por parte de la coalición gobernante de destruir el aparato productivo argentino para así poder adueñarse de las empresas quebradas a precio vil. Aquellos que durante cuatro años se han dedicado sistemáticamente mediante tarifazos, apertura económica y tasas desorbitantes a destruir la industria nacional, a terminar con cientos de miles de fuentes de trabajo y a generar el sobreendeudamiento más extraordinario del que se haya tenido registro, son los que hoy acusan a un gobierno, cuyo signo político se ha caracterizado históricamente por hacer todo lo contrario, de querer destruir la economía local.
Las estrictas medidas adoptadas al comienzo de este período nos permitió no solo acondicionar el sistema de salud para afrontar el tratamiento de aquellos pacientes que deban transcurrir la enfermedad, sobre todo de los pertenecientes a grupos de riesgo, sino que nos permitió elaborar, en conjunto con las autoridades provinciales, los protocolos y las medidas de prevención necesarias para la reapertura de las actividades económicas y sociales. Simultáneamente, el Estado Nacional comenzó a reforzar las ayudas alimentarias y asistenciales existentes, y elaboró distintos programas destinados al sostenimiento del sector productivo como lo es el ATP, asistiendo en la actualidad a miles de empresas y a más de 3 millones de trabajadores del sector privado, como también a cientos de miles de trabajadores autónomos y monotributistas a lo largo y ancho del país. También ha hecho énfasis en el sector informal de la economía con la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), alcanzando a casi 9 millones de beneficiarios y con los estados provinciales, a quienes asistió con miles de millones de pesos ante la caída en la recaudación impositiva.
Somos conscientes de que la ayuda estatal nunca podrá igualar los ingresos genuinos que en condiciones normales perciben los actores económicos, que hay sectores que están mucho más golpeados que otros, fruto de que su actividad está totalmente paralizada por el riesgo epidemiológico que conlleva, y que es deber del Estado procurar su salvataje, acelerando y perfeccionando los mecanismos establecidos. Entendemos que este contexto extraordinario, requiere desde el punto de vista epidemiológico, restricciones extraordinarias al ejercicio de determinados derechos individuales, con el único propósito de resguardar la salud del conjunto de los argentinos y argentinas.
Dichas medidas, pese a que nos han puesto dentro de los países «modelo» en el manejo de la pandemia, han sido duramente criticadas desde un principio por sectores de la oposición que tienen como prioridad el funcionamiento del mercado sobre todas las cosas. Estos sectores, además, han convocado a diversas manifestaciones en las que elevan múltiples consignas y que pretenden poner algunos derechos individuales por encima del bien común y en contradicción con el derecho individual fundamental, el de la vida. Si bien manifestarse es un derecho republicano esencial, resulta imperioso que quienes convocan a las mismas y forman parte, encuentren una manera de llevarlas a cabo de forma pacífica y acorde a las disposiciones epidemiológicos que requiere la pandemia actual; respetando las decisiones de un gobierno electo democráticamente y que siempre ha sido y será garante de los derechos inalienables de todos los ciudadanos.
Desde el Frente de Todos Bariloche convocamos a todos los sectores políticos, económicos y sociales a formar parte de las discusión sobre las políticas públicas que nos permitan no solo sobrellevar transitoriamente los efectos de la pandemia y preservar la salud de nuestro pueblo, sino también, a pensar aquellas que nos permitan construir un país más solidario, productivo y en el cual todos sus ciudadanos puedan desarrollarse plenamente, siempre respetando los canales democráticos e institucionales establecidos para tal fin.
