Una situación de alta tensión se vivió este jueves por la mañana durante un operativo judicial de desalojo que involucró a la familia de Julia Chávez integrada por adultos mayores, niños y varios convivientes.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada en Onelli al 1700, con presencia del Poder Judicial y efectivos de la Policía de Río Negro.

Según relató en le programa Ideas Circulares Pablo Chaves, uno de los hijos de la familia, el conflicto se habría iniciado a partir de una multa de $50.000, que —de acuerdo a su testimonio— derivó inesperadamente en una orden de desalojo con ejecución inmediata. “Pasamos de una multa a que nos quieran sacar a la fuerza de nuestra casa”, expresó al aire.

La familia cuestionó la regularidad del expediente judicial, señalando que la demanda se habría iniciado mediante una cesión de derechos cuya validez ponen en duda, y que de las seis personas que habitan el domicilio, solo tres figuran como demandadas.

También manifestaron que parte del proceso se habría tramitado durante el período de restricciones por la pandemia, lo que —según indicaron— habría limitado su derecho a defensa.

Durante el procedimiento se observó la presencia de personal judicial y policial, mientras el abogado de la familia intentaba dialogar con las autoridades intervinientes. De acuerdo a lo informado en el lugar, la orden judicial tenía intención de ejecutarse en el momento, e incluso se mencionó la presencia de herramientas para forzar el ingreso a la vivienda.

La situación generó la concentración de vecinos y familiares, que acompañaron a la familia en señal de apoyo. El clima fue de fuerte carga emocional, con escenas de angustia ante la posibilidad concreta de quedar en la calle. La familia aseguró no contar con alternativas habitacionales y haber solicitado asistencia a distintos organismos estatales sin obtener respuestas.

Escalada del conflicto y enfrentamientos

Con el correr de los minutos, y ante la imposibilidad de concretar el retiro voluntario, la Justicia dispuso la intervención del grupo especial COER. El avance del personal policial, equipado con escudos, derivó en enfrentamientos con vecinos y allegados, que respondieron con piedrazos y palos. Los efectivos utilizaron gases para dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia del operativo, varias personas fueron detenidas y un efectivo policial resultó herido durante los forcejeos. Además, se produjo el ingreso de la fuerza al predio para tomar posesión del lugar.

Dentro de una de las viviendas se encontraban niños, lo que motivó la intervención de operadoras de la SENAF, mientras continuaban las gestiones judiciales vinculadas al procedimiento.

Antecedentes del caso

La situación de Julia Chávez, de 80 años, había tomado estado público este año, cuando la familia recibió una primera orden de desalojo.

En ese contexto, la mujer sostuvo que el terreno pertenece históricamente a la familia y denunció haber sido estafada décadas atrás, al firmar documentos sin conocer su contenido, en un momento de profundo duelo por la pérdida de un hijo.