Discapacidad: Nación cortó pagos a prestadores y no entrega fondos a las provincias.
Medicamentos de alto costo, acompañantes terapéuticos y traslados, entre otras prestaciones, suspendidas y en riesgo. Tampoco se dan nuevas altas.
Los servicios que están en riesgo son numerosos y esenciales: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia. Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país, de las cuales 270 mil están en la Provincia de Buenos Aires. Además, hay 11.190 solicitudes de inscripción al Programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.
Esto afecta a unas 500 mil personas en todo el país que ya estaban inscriptas en el Programa. Pero, además, en estos momentos está parado el trámite de afiliación 11.190 personas que solicitaron darse de alta al Incluir y no tienen respuesta. En 2023 se solicitaron y tramitaron 38.118 y se efectivizaron 26.929 altas.
En tanto, la situación del PACBI es aún peor. Hay unos 3 mil pedidos de medicación de alto costo sin cumplir; vacantes en hogares y centros de día que desde el año pasado se congelaron, por lo que ninguna persona que necesite puede ingresar a ninguno de los conveniados y no hay nuevos convenios ni lugares para los que necesiten.
En cuanto al transporte de las personas con discapacidad (esencial para sus vidas, ya que sin ello no pueden acceder a las prestaciones de salud, educación, terapéuticas, rehabilitación, etc.) no se actualiza el valor del kilómetro desde septiembre del año pasado y ese fue el último pago que recibieron los transportistas. Con los altos niveles de inflación y el corte de la cadena de pagos, el servicio comenzó a paralizarse y peligra en todo el país.
Ante esta situación, si los ministerios de Salud de cada provincia no asumen a la población del Programa Incluir bajo sus órbitas, estas podrían quedar sin cobertura. Pero las gobernaciones advierten que no pueden hacerse cargo del 100% de las prestaciones, ni de la deuda acumulada con los prestadores.
























