La Asociación de Guardavidas de Bariloche comunica que continúa con el plan de lucha y movilizacion
, en defensa de las fuentes de trabajo de las y los compañeros despedidos injustificadamente
por las autoridades del Ejecutivo Municipal.
Denunciamos:
Que las declaraciones públicas esgrimidas por la Sra. Patricia Díaz, responsable de Protección Civil de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, quien entre sus argumentos, los cuales lucen poco relacionados
entre sí, entremezcla dudas sobre el inicio de la temporada –restando importancia a los ciudadanos locales por
sobre los turistas–, apela al “auto cuidado” de los bañistas, agregando que desde su óptica y consideración
técnico-profesional entiende que “no es conveniente económicamente” llevar adelante el servicio de seguridad
en playas, son irresponsables y ajenos a la realidad de los hechos. En síntesis, son una cortina de humo, una
fachada a fin de encubrir lo que seguidamente se hace saber.
Detrás de la irrazonable medida del despido de los y las 40 trabajadoras, se oculta el verdadero motivo
de tamaña irresponsabilidad: Hemos logrado conocer que de manera subrepticia, se están celebrando
reuniones para otorgarle a la ONG AGDAAN (Asociación de Guías, Deportes y Actividades de Aventura en la
Naturaleza), la tercerización/privatización del operativo de seguridad en las playas públicas de nuestra ciudad.
Dicho proceso y acuerdo comercial se realizará sin llamado a Licitación Pública, sin llamado a ningún tipo de
concurso de antecedentes, sin Ordenanza Municipal que lo permita, y enmascarado en un “proyecto de
sustentabilidad de playas en Bariloche”.
Ahora bien, es imperioso que se denuncie de manera urgente y firme que éste negocio se está
diagramando y pergeñando a espaldas de la ciudadanía, del cuerpo legislativo, y de los organismos de control,
el cual una vez más, por prácticas irregulares e innecesarias, pondrá en riesgo el Erario Municipal por al menos
tres vías:
1) El Municipio (es decir, “todos los ciudadanos”), deberá afrontar los gastos que se desprendan de la
demanda por los 40 despidos sin justa causa (trabajadores con hasta con 20 años de antigüedad),
mientras rige la doble indemnización por encontrase vigente el decreto presidencial que prohíbe
los despidos en el marco de la pandemia.
2) A raíz de la responsabilidad Civil en cabeza de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, toda vez
que la facultad del Estado en materia de seguridad es INDELEGABLE, es quien eventualmente
deberá responder en forma solidaria por los accidentes que pudieran ocasionarse a partir de un
servicio deficiente y sin controles estatales.
3) Por último, este mecanismo puesto en conocimiento, conlleva una clara ineficiencia económica y
dispendio de recursos públicos de los barilochenses, atento que la ONG en cuestión no hará
