Estas han generado inquietud debido a su posible impacto en la desprofesionalización del sector y medidas en la conservación ambiental. La disminución de los estándares de formación y habilitación, afecta la seguridad y la experiencia de los visitantes, además de poner en riesgo la integridad de los ecosistemas.
García Larraburu remarcó: «Un guía debidamente capacitado no solo garantiza una experiencia turística enriquecedora, sino que también desempeña un rol clave en la conservación del patrimonio natural y en la educación ambiental de los visitantes».
«Desde una perspectiva ecológica, resulta fundamental analizar si esta nueva garantía normativa la protección de los entornos naturales o si, por el contrario, fomenta un incremento del impacto negativo del turismo en las áreas protegidas. Las guías cumplen un papel esencial en la gestión responsable del turismo, regulando el comportamiento de los visitantes y promoviendo prácticas sostenibles», dijo.
Asimismo, advirtió: «sobre el riesgo de precarización laboral». La flexibilización de las habilitaciones podría generar condiciones de empleo inestables y una menor protección de los derechos laborales, además de fomentar la competencia desleal dentro del sector».
«El objetivo es garantizar una regulación que preserve la profesionalización de los guías, la calidad del servicio turístico y la conservación de las áreas protegidas», finalizó.
