La administración del presidente Javier Milei justificó el bloqueo al acceso del periodismo por la existencia de una investigación judicial abierta tras un informe televisivo en el que se grabaron instalaciones de la sede gubernamental y el presunto espionaje ruso con financiamiento a algunos medios.
ADEPA manifestó “su máxima preocupación por la decisión del gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida intempestiva que no reconoce antecedentes en la vida democrática argentina”.
En un comunicado, ADEPA (entidad que conduce Martín Etchevers) subrayó que “el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada, y que resulta esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.
“ADEPA advierte que la existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas que limiten el acceso a la información pública. La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, advirtió la entidad periodística.
En el cierre de su comunicado, ADEPA le solicitó al Gobierno “revisar de manera urgente esta medida”, además de “restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados, en resguardo de la transparencia institucional y del pleno ejercicio de la libertad de prensa”.
