El secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, brindaron una conferencia de prensa para explicar el conflicto institucional por la falta de aprobación de los balances de 2024 y 2025 y detallar las presentaciones que deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
El Ejecutivo municipal de Dina Huapi salió a fijar posición sobre el manejo de los recursos públicos y expresó su preocupación por la falta de aprobación de los balances correspondientes a los ejercicios 2024 y 2025 por parte del Concejo Deliberante. La controversia, que derivó en una presentación judicial por diferencias de interpretación sobre las competencias de los organismos municipales, quedó ahora en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ).
Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, el secretario de Gobierno, Hernán Terrens, y el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, explicaron los alcances del conflicto, defendieron los procedimientos administrativos de la gestión y rechazaron las acusaciones vinculadas a la administración de los fondos municipales.
“Últimamente se ha estado haciendo una utilización política de cuestiones que no son ciertas sobre el manejo de la Municipalidad. Más allá de los relatos, nosotros hablamos con los papeles”, sostuvo Terrens, al cuestionar el tratamiento público de las observaciones realizadas a la gestión.
La disputa institucional por la aprobación de los balances
Contreras explicó que la presentación judicial fue impulsada por el intendente, el presidente del Tribunal de Contralor y la presidenta del Concejo Deliberante, a partir de las diferencias existentes en torno a la interpretación de la normativa que establece el procedimiento para la aprobación de las cuentas municipales.
El eje de la controversia está puesto en la nueva Ordenanza que determina que el Ejecutivo debe presentar el proyecto de ordenanza para la aprobación del balance general de cuentas. Desde la asesoría letrada consideran que esa disposición no solo pretende aplicarse de manera retroactiva, sino que también involucra atribuciones que corresponden al Concejo Deliberante.
“La cuenta general de balance se envía desde el Ejecutivo, pero la ordenanza que la aprueba surge de un análisis posterior a ese balance”, explicó Contreras.
La presentación judicial fue iniciada como una acción de inconstitucionalidad, aunque posteriormente el Superior Tribunal de Justicia la recaratuló como un conflicto de competencias. El Concejo Deliberante ya fue notificado para presentar su posición y será el máximo tribunal provincial el que deberá determinar cómo corresponde interpretar y aplicar la normativa.
El asesor letrado advirtió sobre la gravedad institucional que representa la situación para el funcionamiento municipal. “Estamos terminando el tercer año de gestión y no hay un solo balance aprobado”, señaló.
Por su parte, Terrens aclaró que los presupuestos municipales sí fueron aprobados y remarcó que la controversia está circunscripta a las cuentas generales de los ejercicios correspondientes a la actual administración.
La defensa de las obras y los procedimientos administrativos
Otro de los temas abordados durante la conferencia estuvo relacionado a la construcción del nuevo polideportivo municipal. Terrens aseguró que las actuaciones administrativas cuentan con documentación respaldatoria y sostuvo que tanto integrantes del Concejo Deliberante como del Tribunal de Cuentas participaron de las instancias vinculadas al proceso licitatorio.
“Tengo las notas del Tribunal de Cuentas diciendo que se aprueban las obras del polideportivo. La última presentación fue de 184 fojas con información que se mandó al Tribunal de Cuentas”, afirmó el funcionario.
En ese sentido, buscó respaldar la postura del Ejecutivo al señalar que la documentación de la obra fue presentada ante los organismos de control y que existen antecedentes administrativos que avalan los procedimientos realizados.
Cuestionamientos por una exención impositiva
La conferencia también incluyó cuestionamientos del Ejecutivo a una decisión del Concejo Deliberante vinculada con la exención de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) otorgada a un complejo de cabañas que es propiedad del padre del expresidente del Concejo, Geronimo Barraquero.
Según explicó Terrens, la medida fue vetada por el Ejecutivo municipal y posteriormente ratificada por el cuerpo legislativo, pese a que, de acuerdo con la interpretación del Gobierno local, no se habrían cumplido los procedimientos correspondientes para su aprobación.
El funcionario indicó que los antecedentes y la documentación de ese caso también fueron remitidos al organismo de control, en el marco de las diferencias institucionales que mantienen ambos poderes municipales.
Dejó entrever que por tratarse de una persona con fuerte llegada política, podría hasta tratarse de un caso de manejo de influencias.
El trasfondo político y la defensa de la gestión
En otro tramo de la conferencia, Terrens vinculó el accionar del Deliberante con la proximidad del escenario electoral y reclamó que las discusiones políticas se desarrollen sobre la base de propuestas y proyectos, sin involucrar acusaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
“Si acá se va a hacer una campaña, que no se haga ensuciando la gestión con los fondos públicos, porque son cuestiones muy delicadas”, manifestó.
Para respaldar la actuación del Gobierno municipal, enumeró distintas obras e iniciativas impulsadas durante la actual administración, entre ellas el centro de monitoreo, el hospital en construcción, el plan director de agua, el polideportivo, el salón de usos múltiples de Ñirihuau y la conexión vial de calle Estados Unidos.
El secretario de Gobierno insistió en que la presentación ante la Justicia no tiene como objetivo evitar los mecanismos de control ni impedir el acceso a la información pública, sino establecer con claridad las responsabilidades y atribuciones de cada organismo en el procedimiento de revisión y aprobación de las cuentas municipales.
“No queremos que mañana se le diga a la comunidad que el Ejecutivo municipal judicializó un tema para no mostrar los balances. Al contrario, los balances están todos mandados, nada más que no los aprueban los concejales”, aclaró finalmente.





















