El jefe de gabinete Hernán Terrens y el asesor letrado Antonio Contreras brindaron una conferencia de prensa para explicar la situación de las cuentas municipales correspondientes a 2024 y 2025. Cuestionaron el accionar del Concejo Deliberante, defendieron la transparencia de la gestión y advirtieron sobre la gravedad institucional que genera la falta de aprobación de los balances.
Este miércoles por la mañana Hernán Terrens y el asesor letrado municipal, Antonio Contreras, recibieron a Barilo Noticias para brindar explicaciones sobre el conflicto institucional que mantiene el Ejecutivo con el Concejo Deliberante por la aprobación de las cuentas generales de ejercicio.
Durante el encuentro, Terrens cuestionó las declaraciones públicas realizadas sobre el manejo de los fondos municipales y aseguró que su administración cuenta con toda la documentación respaldatoria de las decisiones adoptadas.
“Últimamente se está haciendo una utilización política de cuestiones que no son ciertas sobre el manejo de la Municipalidad. Más allá de los relatos, nosotros hablamos con los papeles. Realidad mata relato”, expresó el jefe comunal.
Los balances de 2024 y 2025, en el centro del conflicto
Terrens explicó que el balance correspondiente a 2023 fue aprobado, mientras que el de 2024 permanece sin aprobación y su tratamiento derivó en una presentación judicial. En cuanto al ejercicio 2025, señaló que la documentación fue presentada conforme a los requerimientos del Concejo Deliberante.
Sostuvo que el conflicto se originó a partir de modificaciones introducidas mediante la Ordenanza 939, que, según la interpretación del Ejecutivo, pretende trasladar al gobierno municipal la responsabilidad de presentar el proyecto de ordenanza para aprobar sus propias cuentas.
“Nosotros enviamos los balances, pero no los aprueban. No queremos que mañana se diga que el Ejecutivo judicializó el tema para no mostrar las cuentas. Es exactamente lo contrario”, afirmó.
El Superior Tribunal deberá resolver
Por su parte, el asesor letrado Antonio Contreras explicó que la controversia ya se encuentra en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La presentación fue impulsada inicialmente como una acción de inconstitucionalidad, pero el máximo tribunal provincial la recaratuló como un conflicto de competencias.
Contreras señaló que la discusión se centra en la aplicación retroactiva de la Ordenanza 939 y en las atribuciones que corresponden al Concejo Deliberante para tratar y aprobar las cuentas municipales.
Según explicó, el Ejecutivo tiene la obligación de remitir la documentación contable, pero considera que no le corresponde elaborar el proyecto de ordenanza que apruebe su propia rendición.
También indicó que la Carta Orgánica Municipal establece límites a la delegación de facultades entre los distintos poderes.
El abogado confirmó que el Concejo Deliberante fue notificado para responder en el expediente y que será el Superior Tribunal el encargado de determinar la validez y el alcance de la normativa cuestionada.
Advierten sobre una situación de gravedad institucional
Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la preocupación por la falta de aprobación de las cuentas generales de ejercicio.
Contreras advirtió que la situación podría prolongarse hasta alcanzar tres ejercicios sin aprobación de sus respectivos balances, teniendo en cuenta que el correspondiente a 2026 deberá presentarse próximamente.
“Hay una gravedad institucional que acarrea la no aprobación del balance general de cuentas. Estamos terminando el tercer año de gestión y no hay un solo balance aprobado de esta gestión”, manifestó.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta situación genera incertidumbre administrativa y esperan que la Justicia se pronuncie en un plazo razonable.
Cuestionamientos por el polideportivo y las exenciones impositivas
Durante la entrevista, Terrens también hizo referencia a otros temas que generaron controversias políticas en Dina Huapi.
Entre ellos mencionó la documentación relacionada con el polideportivo municipal y una exención de la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) otorgada a un complejo de cabañas.
Aseguró que las actuaciones vinculadas al polideportivo cuentan con respaldo documental y que, en el caso de la exención tributaria, se remitieron antecedentes al Tribunal de Cuentas para su evaluación.
Asimismo, cuestionó posibles irregularidades en los procedimientos administrativos vinculados con esa exención, aunque se trata de señalamientos del Ejecutivo que requieren la correspondiente evaluación de los organismos de control.
Terrens pidió evitar que las cuentas públicas se conviertan en una disputa electoral
Sobre el final de la conferencia, el jefe de gabinete vinculó las controversias con el escenario político que comienza a configurarse de cara a las próximas elecciones.
“Si se va a hacer una campaña, que no se haga ensuciando la gestión con los fondos públicos, porque son cuestiones muy delicadas”, sostuvo.
Además, pidió que el debate político se concentre en las propuestas para el desarrollo de Dina Huapi, las obras necesarias y los proyectos de gobierno.
“Que la campaña política se centre en los debates políticos de la gestión para hacer las obras que necesita Dina Huapi a futuro”, expresó.
El conflicto permanece abierto y ahora será el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro el que deberá pronunciarse sobre las competencias de los poderes municipales y la normativa cuestionada.
Por el momento, las explicaciones corresponden a la posición del Ejecutivo municipal, mientras se aguarda la respuesta institucional del Concejo Deliberante y la resolución judicial.
Barilo Noticias | Dina Huapi





















