La comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura de Río Negro trató este lunes la iniciativa que propone una prohibición sobre cierres de escuelas y de residencias de educación en localidades de hasta 2000 habitantes. En la reunión intervinieron funcionarios del Ministerio de Educación.
Los impulsores de la iniciativa, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), denunciaron que desde el año 2012 existe una política sistemática y silenciosa de cierre de escuelas hogares y residencias rurales (mencionando casos como Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada, Mencué, entre otros) que vulnera el derecho humano a la educación.
Argumentaron que estas escuelas son “mucho más que una escuela”, ya que funcionan como el centro vivo de los parajes, aseguran alimento y abrigo a los niños, y son el único punto de conectividad para emergencias.
Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada, funcionarias del Ministerio de Educación, y legisladores como Norberto Moreno (JSRN), argumentaron que los cierres de residencias son en su mayoría “transitorios” y responden a la estricta falta de inscripciones, dado que la población en las zonas rurales ha disminuido significativamente.
El legislador Facundo López (JSRN) sostuvo que no se le puede quitar al Ministerio de Educación la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos, por lo que una ley que prohíba los cierres absolutos es inviable.
Desde el Ministerio explicaron que el cierre de residencias (donde los niños duermen lejos de sus padres) se reemplazó por la creación de 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas (SRN) rurales virtuales y escuelas de jornada completa. El objetivo, aseguran, es evitar el desarraigo y mantener a los niños cerca de su núcleo familiar, garantizándoles transporte y alimentación diaria.
Participaron del debate trabajadores del gremio docente UNTER, quienes apoyaron el proyecto indicando que la educación presencial y las residencias son vitales para familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica (donde a veces los niños dependen de la escuela para alimentarse).
Representantes del Parlamento Mapuche argumentaron que el cierre y modificación de escuelas en parajes viola el Convenio 169 y la Constitución, ya que las comunidades originarias no fueron consultadas sobre medidas que afectan profundamente su cultura, identidad y territorio.
